IPROVINAY denuncia 60 fraccionamientos irregulares en Tepic y Xalisco

Manuel Fonseca Altamirano, director del IPROVINAY

El Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY) identificó más de 60 fraccionamientos irregulares ubicados en la zona conurbada de Tepic y Xalisco. La comercialización ilícita de estos lotes operaba de forma fraudulenta al vender terrenos que aún mantenían el régimen jurídico de parcelas ejidales, careciendo de licencias de urbanización y de dominio pleno.

Manuel Fonseca Altamirano, director del organismo estatal, confirmó que se han interpuesto las denuncias penales correspondientes contra los desarrolladores clandestinos. Derivado de las acciones legales, se consiguió el reembolso de las inversiones financieras de aproximadamente 500 familias afectadas.

Comercialización clandestina de predios ejidales

La proliferación de asentamientos informales en los límites territoriales de Tepic y Xalisco ha derivado en intervenciones de carácter legal por parte del gobierno del estado. Las inspecciones del instituto de vivienda revelaron que los fraccionadores engañaban a los compradores ofreciendo terrenos de origen ejidal sin haber realizado previamente el proceso de desincorporación agraria ni los trámites de municipalización requeridos por las leyes locales.

La falta de certeza jurídica impedía que los adquirentes obtuvieran escrituras públicas, dejándolos en la vulnerabilidad patrimonial y sin posibilidad de acceder formalmente a redes de agua potable, drenaje o electrificación. Ante esta problemática, las autoridades optaron por la vía judicial para forzar a los responsables a devolver el capital captado.

El director del IPROVINAY, Manuel Fonseca Altamirano, expuso la magnitud del operativo técnico y las condiciones jurídicas en las que se encontraban los predios:

“Nosotros hemos identificado tan solo en la zona conurbada Tepic y Xalisco, arriba de 60 fraccionamientos irregulares. Habían vendido lotes en estos asentamientos; hay un grupo de fraccionamientos que habían vendido alrededor de 500 lotes, no tenían certeza jurídica porque eran parcelas todavía, ni siquiera tenían la pequeña propiedad, ni dominio pleno de las parcelas, mucho menos cualquier otro permiso para poder desarrollar”.

Acciones legales y restitución patrimonial

Para mitigar el impacto económico en los sectores afectados, las autoridades estatales integraron carpetas de investigación ante la Fiscalía del Estado, promoviendo convenios de reparación del daño antes de llegar a sentencias definitivas. Esta estrategia priorizó la recuperación líquida de los enganches y mensualidades aportados por los usuarios.

Fonseca Altamirano detalló el desenlace de los primeros expedientes resueltos bajo este esquema de presión legal:

“En ese sentido, pues lo mejor tanto para la persona que desarrollaba como la persona que había adquirido era que se le regresara el recurso. Sí, hemos presentado las denuncias correspondientes, hemos incluso logrado que a cerca de 500 familias se le regresen sus recursos”.

Freno al crecimiento urbano desordenado en Nayarit

Las denuncias penales buscan desincentivar la venta de los denominados “lotes rústicos” o campestres que se ofertan de manera irregular en zonas periféricas. Los ayuntamientos de Tepic y Xalisco han endurecido de igual forma las sanciones administrativas para aquellos particulares que coloquen publicidad, realicen aperturas de calles o instalen postes de servicios sin las licencias de urbanización correspondientes.

La normatividad urbana vigente sanciona de forma rigurosa la subdivisión de predios agrícolas para fines habitacionales sin la autorización expresa de los comités municipales de desarrollo urbano, considerándose un delito de fraude específico en la legislación penal de la entidad.

• Sitios identificados: Más de 60 fraccionamientos irregulares en los límites de Tepic y Xalisco.

• Familias beneficiadas por reembolsos: Cerca de 500 familias recuperaron su dinero.

• Estatus original de la tierra: Parcelas ejidales sin dominio pleno ni pequeña propiedad.

• Vía jurídica: Denuncias penales presentadas ante el Ministerio Público contra los fraccionadores.