IPROVINAY alerta por fraudes en venta de terrenos en redes sociales

Manuel Fonseca Altamirano, director del IPROVINAY

El Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY) emitió un llamado urgente a las familias que planean adquirir un patrimonio para que verifiquen la situación legal de los predios antes de realizar cualquier pago. Las autoridades detectaron un incremento en la oferta de terrenos irregulares y de dudosa procedencia a través de plataformas digitales.

Manuel Fonseca, director general del organismo, señaló que la rigidez de la normativa vigente hace sumamente complejo el proceso de regularización posterior para quienes compran este tipo de propiedades, las cuales suelen anunciarse con facilidades de pago atractivas pero fuera de la legalidad.

El auge de los terrenos irregulares en internet

El mercado inmobiliario informal ha encontrado en las redes sociales un canal masivo para la comercialización de lotes que carecen de servicios básicos, escrituras y permisos de urbanización. De acuerdo con las supervisiones del instituto de vivienda, proliferan anuncios que prometen enganches mínimos y mensualidades accesibles, dirigidos principalmente a sectores vulnerables de la población que buscan un espacio donde fincar.

Este fenómeno fomenta el crecimiento de asentamientos humanos desordenados, conocidos técnicamente como zonas irregulares, los cuales quedan marginados de los planes de desarrollo municipal. La falta de planeación no solo vulnera el patrimonio familiar, sino que ejerce presión presupuestal sobre los ayuntamientos al exigir la introducción posterior de servicios públicos.

El director del IPROVINAY, Manuel Fonseca, describió cómo opera este modelo de comercialización y los riesgos que corren los compradores:

“Empieza a surgir nuevos asentamientos que si bien anteriormente no estaban regulados, hoy sí y ya bajo esta regulación es complicado para quien adquiere ni siquiera una vivienda, un terreno. Hoy en día ustedes pueden ver en redes sociales en donde se ofrecen terrenos con muy poca inversión de inicio, pagos mensuales, pues que lamentablemente no cuentan con los requisitos que marcan las leyes o la normativa vigente en la materia.”

El impacto legal de los asentamientos no regulados

Adquirir un predio bajo esquemas informales o contratos privados sin el aval de las direcciones de Desarrollo Urbano municipales impide el proceso de escrituración inmediata. Las autoridades estatales subrayaron que el marco jurídico actual sanciona severamente la venta de terrenos que no estén previamente municipalizados o autorizados por los comités de planeación urbana correspondientes.

El organismo descentralizado indicó que se mantendrán los operativos de vigilancia informativos para prevenir que las familias caigan en engaños económicos que pongan en riesgo sus ahorros, exhortando a la consulta directa en las dependencias públicas antes de firmar cualquier documento.

Requisitos legales antes de comprar un lote en Nayarit

Para garantizar que una transacción inmobiliaria sea legal, el vendedor debe demostrar que el terreno cuenta con el dictamen de trazo, usos y destinos específicos, además de las licencias de urbanización pertinentes. Comprar un lote ejidal o un fragmento de parcela sin el debido proceso de cambio de destino a propiedad privada o de dominio pleno representa un foco rojo para las finanzas familiares.

La Procuraduría Agraria y los institutos de vivienda locales recomiendan exigir siempre la clave catastral individual y acudir al Registro Público de la Propiedad para corroborar que el inmueble no cuente con gravámenes, litigios familiares o que pertenezca a un fraccionamiento clandestino.

• Dependencia emisora: Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY).

• Principal canal de riesgo: Anuncios de terrenos baratos en redes sociales (Facebook Marketplace, grupos locales).

• Modus operandi: Oferta de terrenos con bajo enganche y mensualidades congeladas, sin servicios ni validez jurídica.

• Consecuencia: Imposibilidad de escrituración y dificultades para acceder a servicios públicos por normativas vigentes.